Narcoterrorismo por Raul Wiener (*)
Si el Estado declara que lo que tiene al frente es una banda de narcoterroristas, cuya finalidad es producir y vender estupefacientes, hacer secuestros para obtener rescates y echar bombas para aterrorizar a la gente, lo lógico será que concluya que no hay interlocutor político con el cual discutir una solución de paz o algo por el estilo, y encargará a la policía ocuparse del problema. Sin embargo, debemos saber que el Estado de Colombia ha negociado numerosas veces con las organizaciones armadas de ese país para tratar de encontrar caminos de paz y ha tenido que hacerlo tragándose sus palabras previas. Lo hizo con el M-19 (que asaltó alguna vez el Palacio de Justicia) y con otras guerrillas de izquierda a las que había condenado muchísimas veces, que se reincorporaron a la vida política y han contado con parlamentarios y candidatos presidenciales, y con las FARC y el ELN, aunque en estos casos sin llegar a acuerdos. El propio Uribe inició una negociación con los jefes de las estructuras paramilitares, claramente vinculadas al narcotráfico, los secuestros, el crimen y el terror, y les está ofreciendo opciones para entrar a la vida política legal. Cierto que el gobierno pudo decir que no se negocia con narcoterroristas y que lo único que les queda a éstos es rendirse o morir. Pero eso equivaldría a saltarse la historia colombiana enterita. Entre otras muchas cosas, los 20 mil dirigentes políticos, sindicales y populares asesinados en la ola de violencia de los 80 y 90, cuando más se hablaba de paz y las fuerzas políticas no comprometidas con el poder económico tradicional intentaban hacerse un lugar en el sistema político. En El Salvador, Irlanda y otros países, las negociaciones de paz se han hecho a pesar de que los adjetivos brutales que recayeron en el FMLN, en el IRA, los rebeldes sudafricanos, Al Fatal y otros. El Estado, que se considera asimismo expresión de la sociedad, tiene que reconocer que en ciertas circunstancias debe producir alguna forma de apertura para incluir a los que no se sienten parte. Las guerras civiles suelen ser la evidencia de que esa apertura no se dio por las vías pacíficas. Por eso resulta de una estrechez mental superlativa reducir el tema de si se reconoce estatus beligerante a las FARC para iniciar negociaciones de paz, a la cuestión de si esto es una ganancia de propaganda para los insurgentes. El punto es si la liberación de dos secuestradas importantes a través de una intervención humanitaria de varios países e instituciones se toma como un posible punto de partida no sólo para rescatar a los demás rehenes sino para discutir el fin de la guerra. En Perú estamos muy desprovistos para comprender ese proceso. Hasta hay quien escribe que el asunto se arregla mandándoles a Fujimori y Montesinos para que hagan lo que saben hacer y que dicen que no hicieron cuando están en juicio. Aquí todavía hay un presidente que gana aplausos hablando de pena de muerte, jueces sin rostro, listas de liberados por la justicia, etc. Y somos el único lugar de la América que oficialmente no se ha congratulado por la liberación de Rojas y González. Hasta Bush, lo hizo.
(*) Aparecido en su columna del diario La Primera
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