CHE OTORONGO

LEGISLADORES S.A.
Cuando el Congreso no deja de lucrar
La gran mayoría de los representantes del pueblo incrementa sus ingresos asesorando a empresas o contratando con el Estado. Por Jorge Lanata (*)

“La política es el departamentode Espectáculos de la industria.” Frank Zappa

En la Argentina, no es ilegal. En Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, sí lo es. Refiriéndose solamente a América latina, claro: en la mayor parte del mundo desarrollado también sería ilegal. Es legal; pero ¿es ético? La gran mayoría de los legisladores nacionales conforma un grave caso de subocupación: está claro que es difícil sobrevivir con un solo empleo, de modo que los encargados de pensar y escribir las leyes, “en nombre del pueblo que representan”, incrementan sus ingresos asesorando empresas, o participando de estudios jurídicos, cuando no contratando directa o indirectamente con el Estado que integran. Sus ingresos privados –a veces ni siquiera registrados en las declaraciones de ganancias– se suman al salario de 9.027,55 pesos de bruto, veinte tramos de pasajes que pueden cambiarse a 200 pesos cash, 20.000 pesos anuales para repartir en subsidios y 10.000 pesos en becas, junto con 2.300 pesos para pensiones graciables de diez años de duración, en el caso de los diputados. Los senadores tienen un ingreso similar aunque también perciben 1.400 pesos en concepto de desarraigo (una especie de plus por saudade).

AQUÍ ESTÁN, ÉSTOS SON En orden alfabético, algunos de los casos en los que la iniciativa privada se mezcla con la pasión por la patria:

DIPUTADOS: –Héctor José Álvaro (Partido de la Concertación, Mendoza) es propietario de Coral Montajes Eléctricos SA, contratista de empresas distribuidoras de energía en el ámbito municipal.–Marcelo Eduardo Amenta (Recrear Buenos Aires) es propietario de Estación Uzal SRL.–Eugenio Burzaco (PRO Capital) es representante legal de Adshel Brasil Ltda. y More Group UK Limited.–Oscar Raúl Aguad (UCR Córdoba) mantiene su estudio jurídico en Barrio Jardín Espinosa.–Pedro José Azcoitti (UCR Buenos Aires), estudio jurídico en Necochea.–Vilma Rosana Baragiola (UCR Buenos Aires), comerciante.–José Luis Barrionuevo (híper K), casi un indigente; su declaración jurada está en blanco. Tiene ingresos como secretario general del gremio gastronómico.–Paula Bertol (PRO Capital), estudio Paula Bertol y Asociados.–José Ricardo Brillo (Movimiento Popular Neuquino), consultoría en inversiones.–María Araceli Carmona (Alianza Frente para Todos, Corrientes), estudio jurídico.–Luis Francisco Cicogna (Frente para la Victoria Buenos Aires), escribanía.–Jorge Edmundo Coscia (FPV) fue titular del Instituto del Cine. Acaba de fundar Raíces Producciones Culturales SRL, dedicada a la realización de películas, DVD, conciertos, etcétera.–José Manuel Córdoba (FPV), accionista de EMPASA (Emprendimientos Patagónicos Santa Cruz) y dueño de un astillero y de una empresa de servicios mineros.–Omar De Marchi (Demócrata de Mendoza), inmobiliaria.–Francisco de Narváez (PJ), propietario de La Rural SA y América TV.–Patricia Susana Fadel (FPV Mendoza), productora de peras.–Marcelo Fernández (FPV), dueño de Cierres Lynsa (no fallan jamás).–Francisco Ferro (UCR Buenos Aires), estudio jurídico en La Plata.–Nora Raquel Ginzburg (Alternativa Propuesta Republicana), estudio jurídico y consultora SNA Consulting.–Juan Carlos Gioja (FPV San Juan), productor agrícola.–Ruperto Godoy (FPV), productor vitivinícola.–Juan Manuel Irrazábal (FPV), comerciante.–Miguel Ángel Iturrieta (Frente Renovador de la Concordia, Misiones), estudio jurídico.–Silvia Lemos (UCR Mendoza), estudio contable y sindicatura concursal.–Gustavo Marconato (FPV), estudio contable.–Emilio Martínez Garbino (Concertación Entrerriana), estudio jurídico.–Eduardo Pastoriza (Por la Verdad,Catamarca), Constructora Edificios SRL.–Claudio Poggi (Frente Justicia Union y Libertad de San Luis), asesor de diversos municipios.–Héctor Recalde (FPV), estudio jurídico.–Evaristo Rodríguez (FPV), farmacias. Único proveedor de la Caja de Servicios Sociales de Puerto Deseado.–Raquel Satragno, “Pinky” (PRO), constructora e inmobiliaria Villarceau SRL y SOMES SRL.–Paola Spátola (Guardia Peronista), consultora Advisory Committee SRL: joint venture, trading and business services, todo muy guardia peronista.–Juan Carlos Dante Gullo (FPV), Arquitectura Aplicada SRL y Pinta Baires SRL.–Alejandro Rossi (FPV), Constructora Urbana SRL.–Gustavo Cusinato (UCR Entre Ríos), Constructora CBC, proveedora del Estado.

SENADORES:

En desorden alfabético:–Pablo Verani (Radical K) posee varios haras y se dedica a la cría de caballos de carrera, junto a chacras de frutales.–Juan Carlos Romero (PJ) tiene un multimedios en Salta: radio, canales de TV de aire y cable y diario El Tribuno, posee además una importante bodega, Plantaciones Catamarca SA y la aceitera Romero Di Gangi.–Roberto Urquía (FPV), dueño de Aceitera General Deheza, La Carlota Cereales y la terminal portuaria 6 S.A.–Adolfo Rodríguez Saá (PJ) posee Editorial Payné, que publica el diario La República y material didáctico para las escuelas provinciales y papelería para el gobierno local. También es dueño de Catriel SA, inmobiliaria y hotelera.–Roberto Ríos (FPV Corrientes), socio del Estudio San Juan SRL, dedicado a construcciones y operaciones comerciales.–Miguel Ángel Pichetto (FPV), dueño de Patagonia Factoring, cadena de supermercados.–Juan Agustín Pérez Alsina (Frente Renovador de Salta), socio de Puna Exploraciones, M18 Gold SA e International Pacific RIM, todas de exploración y explotación minera.–Nicolás Fernández (FPV), socio de Establecimientos Nueve de Julio, dedicados a la actividad agropecuaria, y de BCF, emprendimiento hotelero.

LA PATRIA LATINOAMERICANA De contar con otro pasaporte, la mayoría de nuestros legisladores debería dejar de serlo. Si bien el ordenamiento legal argentino no establece, como se dijo, prohibición alguna para la actividad paralela, esto sí sucede en la mayoría de los países del continente: en Bolivia (artículo 54 de la Constitución) no podrán “ser ni funcionarios, ni asesores, ni apoderados, ni gestores de entidades, sociedades o empresas que negocien con el Estado”. Tampoco en Brasil (artículo 55 de la Constitución), so pena de “perder el mandato de diputado o senador”. En Chile (artículo 57) se extiende dicha sanción al legislador “que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia”. En Colombia se señala lo mismo en el artículo 183 de su Carta Magna (y el 180 dice, expresamente, que se prohíbe que ningún legislador “desempeñe cargo o empleo público o privado”). En Ecuador (artículo 135 CN) se especifica que “no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales”, y se permite sólo “el desempeño de la docencia universitaria si su horario lo permite”.Algo similar sucede en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, llegando en este último caso la prohibición a los parientes del presidente (no aclaran, porque jamás se les hubiera ocurrido, qué sucedería en el caso de la esposa). Ídem en Panamá y en Paraguay; el artículo 982 de la Constitución peruana expresa que “la función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso”.UNA CUESTIÓN DE PRODUCTIVIDAD Ya quedó claro que los legisladores, víctimas de la subocupación, no dan abasto. Entre 2003 y 2007 se destinaron 2.152.847.914 pesos de presupuesto para el Congreso. Durante esos cuatro años los legisladores aprobaron 471 leyes, 514 resoluciones y 6.656 declaraciones. Una cuenta rápida arroja que el costo de cada ley, sanción o resolución fue de unos 281.749,50 pesos. Caso cien mil dólares cada una.Las leyes que atravesaron los escaños a vuelo rasante fueron, siempre, las enviadas por el Ejecutivo: 65 sobre 139 tratadas en 2006. Las que no entraron con pase all include lo hicieron por la puerta VIP del Senado, el 38% del total. Las “leyes estructurales” prometidas por el kirchnerismo nunca fueron tratadas: coparticipación federal, incorporación de los sindicalistas a la Ley de Ética Pública, registro de deudores alimentarios, ley penal juvenil, juicio por jurados, movilidad previsional, licencias por maternidad y paternidad, acceso a la información.Algunas declaraciones propuestas por los legisladores sí resultaron de interés de las Cámaras y contaron con su aprobación: la “expresión de beneplácito” por la Fiesta Nacional del Gladiolo en Corrientes (6.952-D.-06), Día Nacional del Folklorista (3.302-D.-06), Marcha de los Bombos en Santiago del Estero (776-D.-07), Encuentro Musical de Cumbia en Santa Fe (1.778-D.-07) y Festival Nacional del Malambo en Laborde (Córdoba) (200-D.-06). También hubo “expresión de beneplácito” del Congreso por la 27ª edición de la Fiesta Nacional del Pomelo en Formosa, la del Alcaucil en La Plata, la de la Caña de Azúcar en Aguilares (Tucumán) y la Ley de Promesa a la Bandera para “quienes por diversos motivos no pudieron realizarla”.

Investigación:J.L./Luciana Geuna/Damián Glanz

(*) Del Director del diario Crítica Digital de Argentina. Estamos sopechando que el pérfil psicológico para desempeñarse como congresista (otorongo en el Perú) es igual al requerido al de los padres de la patria en tierras gauchas (che otorongo) porque definitivamente "hincan" como ninguno.

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