La privatización de la guerra
por Guillermo Giacosa (*)
La semana pasada citamos el artículo de Dario Azzellini sobre la guerra. Otro de los puntos que aborda el estudioso es la presencia de ejércitos privados. Las cifras son realmente elocuentes: en la primera invasión gringa a Irak, la relación entre empleados de las “compañías militares privadas” (CMP) y los soldados regulares del Ejército de los EE.UU. era de 1 a 100. En Afganistán, de 1 a 50/40. En la actualidad, en Irak hay 180 mil empleados de CMP, según los datos del propio Ejército estadounidense. Hay más “mercenarios” que soldados. Según Azzellini, en la segunda invasión a Irak, “la primera oleada de ataques fue realizada por especialistas de empresas privadas. Además, reparten el correo, cocinan o lavan la ropa de los soldados, montan los campamentos militares, las cárceles. En el caso de la cárcel de Abu Ghraib, hubo juicios e investigaciones en contra de menos de 10 soldados de EE.UU., cuando debería haber muchos más implicados. La verdad es que la cárcel estaba manejada en todas sus funciones por dos empresas privadas: CACI y Titan”. Y agrega refiriéndose a la ventaja que representan estos grupos armados privados: “Formalmente son civiles, entonces no pueden ser juzgados por la justicia militar. Al mismo tiempo, en sus contratos se les asegura que no pueden ser sometidos a la justicia civil de los países en los que actúan.Prácticamente se crea un campo de impunidad. Y la única vía para hacer algo en contra de esos crímenes es iniciar causas en Estados Unidos en contra de esas empresas. ¿Cuántas víctimas tienen la posibilidad de hacer eso? Casi nadie”. Cita luego a Miles Frechette, ex embajador de EE.UU. en Colombia, quien, muy suelto de cuerpo y de moral, dijo: “Es muy cómodo trabajar con esas empresas porque, si mueren, no son soldados de EE.UU. y, si hacen algo mal, la responsabilidad tampoco recae en EE.UU. En el caso de la DynCorp, que hace las fumigaciones de supuestos cultivos de amapola y coca en Colombia, hay una causa internacional porque han fumigado parte de Ecuador. Pero la empresa dice que ellos no pueden decir nada porque parte de su contrato es no dar información a terceros. El contrato viene del Pentágono. Entonces, si un congresista le pide rendir cuentas, el Pentágono presenta el contrato y dice: Ellos hacen estas tareas. Si hacen algo más, no lo podemos controlar porque es una empresa privada”.Yo no sé ya si el grado de alienación ha llegado a tal extremo que leer las barbaridades que está describiendo Azzellini pueden aceptarse como normales para una sociedad civilizada. Lo cierto es que representan la ruptura de todas las normas laboriosamente construidas por el Derecho Internacional Público y por el sentido común. El 'todo vale’ ha sustituido el frágil marco normativo que permitía poner límites a la barbarie y al desenfreno. Lo visto en Abu Ghraib es una prueba de ello. ¿Qué debe ocurrir para que comencemos a ocuparnos por lo que realmente amenaza la convivencia humana y dejemos de desvivirnos por los hechos cuasi folclóricos que la prensa suele señalarnos como agenda del día?
(*) Aparecido en su columna del diario Perú21
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