Guerra de las fiscales se pone al rojo vivo
La situación en el Ministerio Público (MP) no podía estar peor. Ayer la fiscal provincial de Maynas, Luz Loayza Suárez, afirmó que la Fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, siempre “obstruyó” la investigación por tráfico ilícito de drogas al dueño de la desaparecida empresa AeroContinente, Fernando Zevallos.Es más, la acusó de no tener convicción para luchar contra el narcotráfico, a pesar de ser la máxima representante del Ministerio Público, y dijo que ella (Loayza) siempre fue una fiscal muy incómoda para Bolívar. “Sin embargo, al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le corresponde hacer las investigaciones del caso”, sentenció.La conferencia que ofreció en las instalaciones del Colegio de Abogados de Lima sirvió también para responder a las imputaciones que le hizo el lunes la presidenta de la Junta de Fiscales Supremos, Gladyz Echaíz, quien ayer, en una sesión reservada de la Comisión de Justicia del Congreso ratificó que Loayza Suárez nunca probó las amenazas de muerte, que jamás presentó el informe oral que exigía el recurso de reconsideración y que habría que ver si viajó al extranjero tras pedir vacaciones, el 1º de mayo del 2006, y postergar las diligencias de incautación en el hangar de AeroContinente.Por su parte, voceros de la fiscalía informaron que la fiscal de Maynas nunca fue retirada del caso sino que ella no era competente en Lima. El 28 de marzo de 2006 se dictó la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 346-2006, encargando la investigación preliminar al Fiscal Provincial Titular Especializado en Delito de Tráfico Ilícito de Lima; dando por concluido el desplazamiento Loayza Suárez a Lima.Alva CastroEn tanto, el ministro del Interior, Luis Alva Castro quien también fue requerido por la citada comisión legislativa, ratificó que la vida de la fiscal corre peligro y que si no era suficiente el informe que remitió al Ministerio Público, podía enviar los informes de inteligencia de la policía.A pesar de todo, Loayza advirtió que no regresará a Maynas, que no renunciará y que si agotó la vía administrativa, ahora llevará su caso a la judicial, con un proceso constitucional para que sus derechos no sean vulnerados.
DATO
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, pidió que se respete la decisión de la Junta de Fiscales Supremos sobre el caso Loayza y lamentó “profundamente” que el tema se haya traducido en un desencuentro público entre instituciones y poderes del Estado.
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