PACTO IMPOSTERGABLE

¿Qué rayos es un Pacto Social? por Jorge Bruce (*)

Lo más probable es que la idea del Pacto Social sea un soberbio ejemplar de esa prolífica conejera a la que Alan García recurre tanto en situaciones de crisis como cuando lo asalta la inspiración, en un día cualquiera de su Gobierno. No obstante, el hecho de que esté destinado a desviar la atención de la tensión entre el crecimiento económico y la desesperación de los más pobres no impide que sea una propuesta digna de consideración. No sería la primera vez que una criatura concebida en una angustiosa tormenta de ideas termine siendo providencial. Pero, para ello, se requiere un mínimo consenso acerca del significado de la propuesta. Ciertamente, no soy la persona más adecuada para responder a la pregunta planteada en el título. En cambio, a mí y a muchos nos autoriza una perplejidad compartida a interrogarnos acerca de los alcances de esta iniciativa de último minuto -la propuesta debió aparecer en el discurso inaugural del régimen, viento en popa, y no al cabo de un año, cuando las papas queman- mientras los expertos deliberan. El problema es, al fin y al cabo, de todos.
Salta a la vista que el Acuerdo Nacional es el espacio más propicio para que las fuerzas más representativas de la sociedad procuren encontrar el mínimo de convergencia suficiente que nos permita seguir caminando como colectividad. Nos encontramos en un terreno que rebasa ampliamente el asunto del salario mínimo, por más que esta medida, mencionada en el citado discurso, tenga un valor altamente simbólico, más allá de la opinión de muchos especialistas, en el sentido de que afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. El hecho es que la población lo siente como un indicador poderoso del compromiso de los empresarios -en particular de aquellos que gozan de la porción mayor de ese publicitado festín macroeconómico- con el bien común. Quizá no afecte de manera significativa la redistribución de la riqueza, pero si la gente lo siente así, entonces termina haciéndolo.
Por otro lado, ese foro acaso no sea el designado para discutir la exigencia de los presidentes regionales, aquella de anular el decreto que les prohíbe participar en las eventuales huelgas de su región. Pero ese instrumento legal con diseño de cachiporra también es un referente simbólico, dado que se envía con esa ley -que, en buena cuenta, ya existía- una señal de intolerancia y represión, incompatible con la intención de formular un documento de diálogo y entendimiento. Es hacer lo mismo que esos manifestantes que obligan al Gobierno a negociar bloqueando carreteras, destruyendo instalaciones o espantando a los turistas. Ambos aspectos deben ser solucionados -no importa en qué ámbito- como pruebas de buena fe ante la población desconfiada e impaciente.
Porque lo cierto es que necesitamos un proyecto de sociedad en el que podamos reconocernos una mayoría de peruanos. Con unos lineamientos realistas y con plazos creíbles, que funcione de manera más operativa que la Constitución -cuestionada y sin mucha vigencia- y, por supuesto, con mayor legitimidad que el Congreso, que cada día que pasa logra la vergonzosa proeza de ser peor que el anterior. No es pues tan solo una tregua, una repartición de poderes o un mecanismo para facilitar la redistribución de la riqueza. Es un artefacto cultural y no solo económico con el que podamos sentirnos identificados, a fin de insuflarle nuestra libido, nuestros sueños, nuestras proyecciones de vida. Menudo desafío pero, a estas alturas, ineludible.

(*) La brillante columna de Jorge Bruce aparece los días domingos en el diario Perú21